San Juan

El Consulado Dominicano y la Policía de Puerto Rico coordinan mecanismos de
colaboración tras las denuncias de trato discriminatorio contra miembros de una
comunidad inmigrante de más de 250.000 dominicanos en la isla.
El cónsul general de la República Dominicana en San Juan, Máximo Taveras,
señaló hoy a Efe que se ha reunido en varias ocasiones con el jefe de la Policía
de Puerto Rico, José Figueroa Sancha, para estudiar los presuntos casos de
discriminación denunciados.
La semana pasada, el Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDH) denunció una
presunta persecución contra esa comunidad inmigrante por parte de la Policía de
Puerto Rico y en particular la que ejerce la Guardia Municipal de San Juan.
“Hemos establecido un acercamiento con la Policía de San Juan y con Figueroa
Sancha”, subrayó el diplomático dominicano, que dejó claro que, en su opinión,
no hay un patrón discriminatorio por parte de las fuerzas de orden locales
contra sus compatriotas.
El diplomático recordó que en algunas áreas de la capital -Puerto Nuevo y Río
Piedras, en concreto- los comerciantes dominicanos suponen cerca del 60 por
ciento del total.
Taveras matizó que en el caso de los comerciantes sí ha recibido quejas por
el excesivo celo policial -petición de documentos-, lo que ha provocado que
muchos dominicanos prefieran no acercarse a esas áreas, con el consiguiente
perjuicio para el comercio.
Denunció que lo que sí ha ocurrido en las últimas fechas es la petición de
documentos de inmigración por parte de la Policía a ciudadanos dominicanos, algo
que aclaró es ilegal al no estar dicho cuerpo autorizado para ejercer ese
control.
“La Policía no tiene jurisdicción, a no ser que haya un acuerdo con las
autoridades del Servicio de Inmigración y Aduana”, subrayó Taveras, que dijo
desconocer que se haya producido ese convenio entre ambas partes.
Taveras insistió en que no entiende, a pesar de las quejas de comerciantes y
de algunos miembros de la comunidad dominicana, que exista un patrón
discriminatorio contra sus compatriotas.
El presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, Esteban Reyes,
denunció la pasada semana que la Guardia Municipal de San Juan exige documentos
migratorios a cualquier persona con apariencia dominicana, inspirándose en la
polémica ley SB1070 de Arizona.
En días pasados, el presidente de la Junta de Amnistía Internacional Sección
de Puerto Rico, Osvaldo Burgos, denunció atropellos contra la comunidad
dominicana, durante la presentación en San Juan del Informe 2011 de los Derechos
Humanos en el Mundo.
Las quejas de dominicanos contra la Policía no son nuevas, por parte de una
comunidad creciente, en especial en el área metropolitana de la capital, que
según el propio cónsul alcanza ya las 250.000 personas, lo que supone más del 6
% del total de la población de Puerto Rico.
La profunda recesión económica que golpea a Puerto Rico desde hace más de
cuatro años ha reducido, sin embargo, la llegada de dominicanos al Estado Libre
Asociado, según la opinión del cónsul y de expertos en procesos migratorios.
Los dominicanos han utilizado tradicionalmente a Puerto Rico como puente
hacia Estados Unidos, donde se calcula que vive cerca de un millón de personas
de esa nacionalidad.